23/07/2011 EFE
Ecologistas en Acción ha denunciado hoy que la alcaldesa de Pina de Ebro (Zaragoza), María Teresa Martínez, ha denegado el alojamiento solicitado por la marcha "Vive el Ebro"
Esta regidora es según Ecologistas en Acción la primera en toda la cuenca del Ebro que ha adoptado esta actitud y que ha justificado por la colaboración que mantiene la asociación ecologista con la Plataforma Pina sin Plomo.
Los ecologistas informan en un comunicado de que el pasado día 10 de junio presentaron la correspondiente petición escrita a dicho ayuntamiento solicitando una instalación pública para la pernocta de los participantes en la marcha en la etapa del 24 de julio Zaragoza-Pina de Ebro. Un procedimiento idéntico al realizado en el resto de ayuntamientos de las etapas que componen la marcha del Ebro, cuyo objetivo es fomentar los valores del río.
Mediante el seguimiento de la solicitud corroboraron que ésta era viable al no coincidir con otros eventos y cumplir con los fines de un espacio público, agregan los ecologistas.
Con fecha 22 de julio, unas 48 horas antes de la llegada de la marcha, la Alcaldía-Presidencia de Pina de Ebro dictaba un Decreto de Alcaldía por el que manifestaba no disponer de los edificios solicitados (pabellón o centro cultural).
Sorprendidos por dicho decreto, Ecologistas en Acción contactó telefónicamente con la alcaldesa, María Teresa Martínez (PSOE), quien les comunicó que "si eran colaboradores de la Plataforma Pina sin Plomo no era posible que dispusieran de los servicios públicos del Ayuntamiento que ella presidía", agrega el comunicado.
La plataforma ciudadana se opone a un controvertido proyecto de fundición de plomo que cuenta con el apoyo personal de la alcaldesa, recuerdan los ecologistas. Ante ello, la marcha del Ebro, con decenas de personas, entre ellas niños, se ve en "graves dificultades" para buscar otra alternativa de alojamiento para la etapa Zaragoza-Pina de Ebro y poder pasar la noche.
Desde Ecologistas en Acción lamentan "profundamente" este modo de proceder "mediante decretos personales que deciden sobre bienes de uso público en función de si se comparten o no las ideas del alcalde de turno". Asimismo, denuncian el "agravante añadido" de realizarse de "mala fe" sin que exista tiempo material para poder subsanar el daño causado
