El 22 de diciembre de 1997, fue masacrada la comunidad indígena tzotzil de Acteal, municipalidad de Chenalho, estado de Chiapas, sureste mexicano.
La sociedad civil las Abejas, fue asaltada violentamente por un grupo paramilitar, compuesto por un centenar de hombres armados por fusiles y machetes, que asesinaron a 45 personas; hombres, niños, mujeres y hasta mujeres embarazadas. La orden era barrer y sembrar el terror sobre la sociedad civil cercana al EZLN, con el fin de aislarlo y debilitar su estructura política y militar.
La Procuraduría de la República investigó y, en 2007, el Juzgado Federal de Distrito condenó a largas penas de prisión a un grupo de indígenas en calidad de autores materiales y exclusivos, como si no hubiera inductores. Algunos policías fueron también condenados, como partícipes materiales, a penas sensiblemente inferiores.
De manera textual se ordenaba organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico. Según el plan, las operaciones militares incluían el adiestramiento, asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares, tareas que quedaban a cargo de instructores del Ejército. Además, en coordinación con el gobierno de Chiapas y otras autoridades, la séptima región militar debía aplicar la censura a los medios de difusión masiva.
En agosto de 2009, la “justicia” mexicana comenzó a liberar, a un siendo culpables, a todos los detenidos por la masacre de Acteal, por que según declaro (se cometieron errores en el proceso judicial)
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de diciembre de 2010, p. 12
La matanza de Acteal, que hoy cumple su 13 aniversario, demuestra la escasa confiabilidad en la justicia, con la liberación de los actores materiales y la no aprehensión de los intelectuales, lo cual refuerza la impunidad que prevalece en el país, señalaron defensores de las garantías básicas.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, celebró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya admitido el caso a revisión y avale como prueba los testimonios de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la masacre, en la que 45 personas perdieron la vida a manos de paramilitares el 22 de diciembre de 1997.
Sin embargo, calificó de lamentable que ante la falta de justicia pronta y expedita en México se haya tenido que recurrir de nuevo ante la CIDH.
Aunque la CIDH señala que en este caso no se han agotado los recursos internos, sí dice que han sido ineficaces para obtener justicia y habla de dos averiguaciones previas en las cuales se establece que sigue siendo investigada la posible responsabilidad material e intelectual de personas contra las que no se ha ejercido acción penal
, afirmó.
Aunque a 13 años de lo ocurrido las diligencias penales vayan muy retrasadas, e incluso algunas personas que ya estaban presas hayan sido puestas en libertad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es importante que la CIDH haya admitido el caso a revisión, porque así se obligaría al Estado a rendir cuentas ante instancias extranjeras, añadió.
Por su parte, Pablo Romo, coordinador del área de investigación y análisis de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz, lamentó que en 2009 y 2010 hayan sido liberados los autores materiales de la masacre y que los intelectuales nunca hayan sido tocados, lo cual refuerza la impunidad del Ejército y la clase política.
Cuando hablamos de Acteal hablamos de una catástrofe en la procuración de justicia. Este gobierno sigue en el encubrimiento de lo que ocurrió, es cómplice y no tiene la fuerza política para investigar real y profundamente. Por eso es indispensable seguir manteniendo viva la llama de la búsqueda de justicia, para que masacres como ésta sean atendidas y resueltas
, aseveró.
