El 4 de mayo hace cuatro años de los incidentes ocurridos en San Salvador de Atenco, en el que como ya sabéis un operativo compuesto por mas de 3000 agentes de “seguridad” municipal, estatal y federal, irrumpieron en el poblado para reprimir una protesta pacifica en solidaridad con un grupo de floricultores a los cuales se les había denegado en permiso para vender sus productos en los aledaños del mercado de texcoco.
Los agentes irrumpieron cargando contra todo lo que se movía, dejando un saldo de dos victimas mortales, 207 detenidos, decenas de mujeres violadas y abusadas sexualmente, torturas a todos/as los/as detenidos/as, registros ilegales, saqueo en las viviendas, y 5 extranjeras, que además de ser también victimas de abusos sexuales, fueron expulsadas del país de forma ilegal.
A día de hoy todavía siguen en prisión:
Ignacio del Valle Medina
Felipe Álvarez Hernández
Héctor Galindo Gochicoa
Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero
Alejandro Pilón Zacate
Juan Carlos Estrada Cruces
Inés Rodolfo Cuellar Rivera
Adgar Eduardo Morales
Oscar Hernández Pacheco
Narciso Arellano Hernández
Acusados de secuestro equiparado, delincuencia organizada y ataque a la vía publica,
Delitos considerados muy grabes, fabricados para poder encarcelar a quienes protestan. El secuestro equiparado por ejemplo es cuando un grupo de personas cansadas ya de que no se escuchen sus demandas, retienen a un grupo de funcionarios en sus oficinas por varias horas con el único fin de que se les tome en cuenta.
Miguel Angel Granados Chapa, destacado periodista mexicano y además licenciado en derecho lo describe así:
Se le diseñó para castigar con fiereza a activistas solicitantes, gente con derechos a salvo, en suma ciudadanos en movimiento que, colmada su paciencia al exigir servicios o medidas que la ley les provee y al calor propio de las discusiones con funcionarios, los retienen por horas en sus propias oficinas o en locales donde se ventilaban asuntos de competencia de los retenidos. A quienes con verdad o sin ella resultan acusados de acciones de ese tipo, agrega Miguel Ángel, se les asestan castigos semejantes o aún mayores que los del secuestro mercenario.
Algunos son miembros del FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA (FPDT), otros simples pobladores de la zona que no habían participado en ningún movimiento social o político.
Nueve han sido condenados a 31 años de prisión. Están en la cárcel de Molino de Flores, en el estado de México. Los otros tres: Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, están en un penal de alta seguridad (para narcotraficantes y especies símiles) en el Altiplano, bajo condiciones de prisión mucho más rigurosas. Ignacio del Valle tiene una condena de 112 años; los otros dos, nomás 67 años cada uno.
Ninguno de los 12 cometió delito alguno. Son presos políticos, es decir, están encarcelados por motivos puramente políticos, al igual de las decenas de compañeros y compañeras que están en libertad pero con proceso judicial, y América del Valle y Adán Espinosa perseguidos políticos. En una recta aplicación de justicia deberían salir ahora mismo. Y deberían ser procesados los funcionarios, los políticos y policías que ordenaron y participaron en semejantes hechos.
LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO
